México
frente al VIH: un panorama adverso para 2012.
30/ 01/ 2012
Artículo de Daniel Joloy *
El
2012 ha iniciado con noticias negativas en materia de VIH y derechos humanos
que plantean a México un panorama adverso para el futuro cercano. En días
recientes, la CNDH reportó
un incremento en las violaciones a derechos humanos en contra de personas que
viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (VIH-SIDA), así como un mayor estigma y discriminación en su contra.
Por
otro lado, a lo largo de 2011, fueron denunciados continuos desabastecimientos de
medicamentos antirretrovirales para su atención y tratamiento, lo que demuestra
que, contrario a lo que ha argumentado el Gobierno Federal, el acceso universal
para este tipo de medicamentos aún no está garantizado. Aunado a todo ello, a
partir de este año México dejará de recibir recursos del Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la
malaria y la tuberculosis.
Hoy en día viven en nuestro país aproximadamente 225 mil personas
portadoras del VIH, de quienes se estima que 80% son hombres. Según estudios de
la Secretaría de Salud, cerca del 60% de quienes son portadores del VIH lo desconocen,
y únicamente el 27% de los pacientes reciben tratamiento antirretroviral.
Sin embargo, a pesar de que el total de casos acumulados en México de
personas que viven con VIH continúa aumentando, aún no está garantizado el
abasto permanente de medicamentos antirretrovirales para su tratamiento. Si
bien en los últimos cuatro años se duplicó el presupuesto destinado a la compra
de medicinas para controlar el VIH, el acceso a un tratamiento adecuado no está
garantizado, según las propias declaraciones del Centro Nacional para la
Prevención y Control del SIDA (Censida).
La cancelación de la Ronda 11 del Fondo Mundial y la disminución de
los recursos financieros internacionales para solventar programas de prevención
y atención del VIH exigen de nuestras autoridades la elaboración de una nueva
estrategia que permita contar con los recursos adecuados para garantizar, por
un lado, la atención adecuada a todas las personas que viven con VIH-SIDA en
México, y por el otro, contar con programas efectivos de prevención del VIH.
Es fundamental para ello hacer un análisis de fondo sobre las
estrategias de prevención y control del VIH las cuales se han centrado
históricamente en grupos particulares, o “poblaciones en riesgo”, tales como
los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadores y trabajadoras
sexuales (TS) y usuarias y usuarios de drogas inyectables (UDI). Sin embargo,
ante las adversidades que se prevén en el panorama, resulta urgente generar
políticas públicas sectorizadas por grupo poblacional que vayan más allá de las
generalidades grupales dirigidas a cambiar patrones de conducta.
Es particularmente necesario desarrollar políticas públicas de
prevención que genuinamente incorporen una perspectiva de derechos humanos y un
enfoque de género para fomentar un cambio en los patrones de conducta y evitar
así conductas riesgosas que faciliten la transmisión del VIH. Se requiere
transitar de un enfoque de “poblaciones en riesgo” hacia un enfoque preventivo
que evite las “prácticas de riesgo”.
Para ello, resulta fundamental analizar a profundidad los efectos
reales de los programas y políticas públicas implementadas hasta la fecha para
evitar futuras transmisiones del VIH. Si bien las estrategias de atención al
VIH-SIDA han estado en cierto modo focalizadas a grupos particulares que por
sus conductas regulares presentan una mayor vulnerabilidad de contagio, aún es
necesario entender y analizar dichos programas según las prácticas de riesgo en
las que incurren, más allá de su propia pertenencia a dicho sector poblacional.
Para alcanzar dicho objetivo se requieren políticas de prevención
libres de estereotipos y que tomen en cuenta la diversidad sexual, ponderando
ante todo el respeto por los derechos humanos y la perspectiva de género,
factores fundamentales para la correcta elaboración de una política pública que
pueda ser realmente efectiva en la prevención de lo que ha sido por los últimos
años el mayor problema de salud pública a nivel mundial.
El Estado mexicano tiene la obligación de implementar políticas
públicas progresivas que garanticen el tratamiento y cuidado de la salud de
todas las personas que viven con VIH-SIDA, la cual debe de incluir políticas de
prevención, atención, tratamiento y control de la infección para garantizar la
más alta calidad de vida de las y los usuarios del sector salud. El desabasto
en medicamentos básicos para la atención y tratamiento del VIH, así como el
aumento de violaciones a derechos humanos relacionadas con el estigma y la
discriminación, pone de manifiesto el incumplimiento de nuestras autoridades en
materia de acceso a la salud y VIH.
*
Director del Área Internacional de la CMDPDH.
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