CJC
insta a la Generalitat valenciana a indemnizar con 10.000 euros a una ATS que
contrajo el VIH al realizar una extracción.
NO
FUE INSTRUIDA "CONVENIENTEMENTE"
VALENCIA, 02/09/2012 (EUROPA PRESS) -
El Consell Jurídic
Consultiu (CJC) ha instado a la Generalitat a indemnizar con 10.000 euros a una
ATS que se contagió de VIH al sufrir un pinchazo con una jeringuilla mientras
realizaba una extracción a un paciente seropositivo ya que, además de producirse
en el ámbito de trabajo, la profesional "no fue instruida convenientemente
en el manejo del instrumental".
Según el dictamen,
consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 23 de enero de 2006,
cuando la mujer sufrió el pinchazo de una aguja de una jeringa de un paciente
seropositivo en el pulgar derecho mientras realizaba extracciones de sangre. En
concreto, se produjo al retirar el tubo de plástico o 'vacutainer', cuando tiró
de la goma con la mano izquierda y la aguja se giró hasta clavarse en su mano
derecha, con la que sujetaba la envoltura de protección.
La afectada solicitaba el
resarcimiento por los daños y perjuicios provocados por un accidente de
naturaleza laboral y criticaba, además, no haber recibido previamente ningún
tipo de formación en el manejo de material de bioseguridad, ya que desde que ha
sido instruida por una compañera, de forma voluntaria, siempre activa el
mecanismo de seguridad en estas extracciones.
Según el informe del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales respecto a la investigación del
accidente "se puede establecer la falta de formación específica en manejo
de material de bioseguridad como causa primaria del accidente, un hecho que ha
provocado que la trabajadora no utilizase el sistema de extracción de manera
adecuada".
El CJC considera que
"dado el esfuerzo económico que para la Conselleria de Sanitat supone la
dotación para la utilización por parte de los trabajadores de material de bioseguridad,
es necesario que todos ellos estén formados en su manejo" y recuerda que
no hay diferencias estadísticas entre los empleados que no disponen de estos
sistemas y los que teniéndolos a su alcance no los utilizan correctamente.
"Si las hay, en cambio, si los trabajadores están formados", resalta
el órgano consultivo.
Por todo ello, el órgano
considera probado que existe un vínculo causal entre el funcionamiento del
servicio público sanitario y el daño sufrido por la reclamante al contraer el VIH.
DISCREPANCIAS
EN EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN
Respecto a la cuantía de
la indemnización, la afectada solicitaba una suma de 400.000 euros, mientras
que la Administración ofrecía 3.000 euros "teniendo en cuenta su actual
estado de salud, en el cual no se puede considerar una proyección hipotética de
la enfermedad que a día de hoy no se ha producido".
El CJC, por su parte,
cifra el quantum indemnizatorio en 10.000 euros al considerar los factores
psicológicos derivados del contagio, dada la edad de la mujer y su esperanza de
vida, ya que el hecho de que la patología se encuentre en la actualidad asintomática
"conlleva el padecimiento por la incertidumbre ante la eventualidad de
desarrollar una infección activa de VIH".
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